DECLARACION SOBRE EL DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS
La sociedad mexicana no goza del ejercicio pleno de los derechos humanos y en algunos casos vemos signos preocupantes o alarmantes de retroceso o riesgo en su disfrute, entre otros aspectos, en materia de seguridad, libertad de expresión y acceso a información, derecho a la manifestación y movilización social.
La vigencia plena de los derechos humanos es un indicador de avance o retroceso de todo Estado y sociedad que aspira a vivir en democracia. De manera especial el derecho a la verdad, a la información y el derecho a la libre expresión sin duda siguen siendo un desafío y aspiración no satisfecha en nuestro país.
En ese contexto, queremos destacar ahora más que nunca el rol y quehacer de los periodistas y los defensores de derechos humanos, como parte imprescindible de la columna vertebral de todo régimen democrático. La importancia de su función radica también en su calidad de medio a través del cual se expresa y defiende a quienes por su condición de vulnerabilidad, exclusión social, discriminación ven amenazados o violados sus derechos.
En ese sentido, es importante subrayar la obligación irrenunciable del Estado Mexicano de garantizar, promover y respetar en primera y última instancia dicha labor. Obligación que vincula a los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, incluyendo a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Lo anterior implica además que es responsabilidad del Estado garantizar o asegurar que la actuación de personas, grupos o entidades privadas se abstengan de impedir, obstaculizar o amenazar el trabajo o la labor que realizan las y los defensores y periodistas.
La sociedad en su conjunto es corresponsable de contribuir con las labores tendientes a la construcción de una cultura de reconocimiento y respeto de la labor de los defensores de derechos humanos y libertad de expresión.
Ante la preocupante situación que actualmente viven personas, grupos y organizaciones que informan o trabajan en la protección y promoción de los derechos fundamentales en diferentes regiones del país, en las que directa o indirectamente se pretende inhibir con actos de violencia e intimidación sus tareas, así como la creciente tendencia a estigmatizar y criminalizar la movilización social, nos pronunciamos por:
1. RECONOCER Y RESPALDAR la tarea que desarrollan los periodistas y los defensores de los derechos humanos en su valiosa contribución para la satisfacción del derecho a la verdad, a la información y a la libre expresión, y en general el respeto y protección de los derechos humanos en su integralidad.
2. EXIGIR al Estado Mexicano que adopte de manera urgente medidas y políticas concretas para garantizar y facilitar el ejercicio libre de las tareas de promoción y protección de los derechos humanos, así como del ejercicio legítimo del derecho a informar en el país, de conformidad con las obligaciones y compromisos adoptadas en el ámbito nacional e internacional.
3. CONDENAR los crímenes de periodistas y defensores, así como los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan las defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas, en el plano local y/o nacional.
4. DEMANDAR de las instituciones del Estado competentes respuesta eficaz para identificar y sancionar a los responsables de las agresiones sufridas por los periodistas y adoptar medidas para que tales hechos no vuelvan a ocurrir en el país.
5. EXIGIR el cumplimiento por parte del Estado Mexicano, de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, así como las reiteradas recomendaciones, llamamientos y medidas de protección que le ha solicitado la Relatoría de Libertad de Expresión de la propia CIDH, a propósito de los asesinatos, ataques y amenazas contra periodistas ocurridos en los últimos meses.
6. IMPULSAR medidas legislativas que fortalezcan el marco constitucional en materia de derechos humanos, garanticen el libre ejercicio de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humano, que aseguren y amplíen el uso de los medios de comunicación para fines sociales, culturales y oficiales, así como mecanismos para hacer efectivas las condiciones salariales, de salud, de seguridad y de asociación para la defensa de los intereses de quienes trabajan en la comunicación y por la vigencia de los derechos humanos.
7. DEMANDAR la apertura de señales televisivas y frecuencias radiales para ofrecer acceso a actores y sectores sociales que históricamente han sido excluidos del uso de los medios de comunicación. Dicha apertura debe sujetarse a criterios y reglas de igualdad de acceso, asistencia técnica, transparencia y participación ciudadana en los procesos de otorgamiento de concesiones.
8. REVISAR Y COMPLETAR el marco jurídico de actuación de la Fiscalía Especial para atención a periodistas en relación con sus atribuciones, recursos, rendición de cuentas y capacidades. En este tenor, es necesario impulsar la creación de una Fiscalía Especializada para investigación de casos de ataques a defensoras y defensores que resulten pertinentes en concordancia con las recientes recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
9. ARTICULAR esfuerzos de la sociedad civil organizada, de la academia, abogadas y abogados y organizaciones sociales y gremiales, para crear y potenciar redes de apoyo, de promoción, información, reacción inmediata y seguimiento jurídico ante hechos que atenten contra el trabajo de las defensoras, defensores y periodistas.
10. ACTIVAR Y POTENCIAR el mandato, autonomía y recursos con que cuentan los organismos públicos de derechos humanos del país, para promover la labor de las defensoras, defensores y periodistas, así como brindarles medios de protección efectivos y oportunos en los casos en que son agredidos y hostilizados a causa de su trabajo.
11. ESTIMULAR el desarrollo de estudios e investigaciones en materia de derechos humanos y específicamente libertad de expresión, así como la producción y difusión de publicaciones sobre el tema.
12. PROMOVER la reflexión y sobre la ética y los límites legítimos de la libertad de expresión con el fin de fomentar la creación de mecanismos autorregulatorios en materia informativa que permitan elevar la calidad de los contenidos mediáticos.
La sociedad mexicana no goza del ejercicio pleno de los derechos humanos y en algunos casos vemos signos preocupantes o alarmantes de retroceso o riesgo en su disfrute, entre otros aspectos, en materia de seguridad, libertad de expresión y acceso a información, derecho a la manifestación y movilización social.
La vigencia plena de los derechos humanos es un indicador de avance o retroceso de todo Estado y sociedad que aspira a vivir en democracia. De manera especial el derecho a la verdad, a la información y el derecho a la libre expresión sin duda siguen siendo un desafío y aspiración no satisfecha en nuestro país.
En ese contexto, queremos destacar ahora más que nunca el rol y quehacer de los periodistas y los defensores de derechos humanos, como parte imprescindible de la columna vertebral de todo régimen democrático. La importancia de su función radica también en su calidad de medio a través del cual se expresa y defiende a quienes por su condición de vulnerabilidad, exclusión social, discriminación ven amenazados o violados sus derechos.
En ese sentido, es importante subrayar la obligación irrenunciable del Estado Mexicano de garantizar, promover y respetar en primera y última instancia dicha labor. Obligación que vincula a los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, incluyendo a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Lo anterior implica además que es responsabilidad del Estado garantizar o asegurar que la actuación de personas, grupos o entidades privadas se abstengan de impedir, obstaculizar o amenazar el trabajo o la labor que realizan las y los defensores y periodistas.
La sociedad en su conjunto es corresponsable de contribuir con las labores tendientes a la construcción de una cultura de reconocimiento y respeto de la labor de los defensores de derechos humanos y libertad de expresión.
Ante la preocupante situación que actualmente viven personas, grupos y organizaciones que informan o trabajan en la protección y promoción de los derechos fundamentales en diferentes regiones del país, en las que directa o indirectamente se pretende inhibir con actos de violencia e intimidación sus tareas, así como la creciente tendencia a estigmatizar y criminalizar la movilización social, nos pronunciamos por:
1. RECONOCER Y RESPALDAR la tarea que desarrollan los periodistas y los defensores de los derechos humanos en su valiosa contribución para la satisfacción del derecho a la verdad, a la información y a la libre expresión, y en general el respeto y protección de los derechos humanos en su integralidad.
2. EXIGIR al Estado Mexicano que adopte de manera urgente medidas y políticas concretas para garantizar y facilitar el ejercicio libre de las tareas de promoción y protección de los derechos humanos, así como del ejercicio legítimo del derecho a informar en el país, de conformidad con las obligaciones y compromisos adoptadas en el ámbito nacional e internacional.
3. CONDENAR los crímenes de periodistas y defensores, así como los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan las defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas, en el plano local y/o nacional.
4. DEMANDAR de las instituciones del Estado competentes respuesta eficaz para identificar y sancionar a los responsables de las agresiones sufridas por los periodistas y adoptar medidas para que tales hechos no vuelvan a ocurrir en el país.
5. EXIGIR el cumplimiento por parte del Estado Mexicano, de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, así como las reiteradas recomendaciones, llamamientos y medidas de protección que le ha solicitado la Relatoría de Libertad de Expresión de la propia CIDH, a propósito de los asesinatos, ataques y amenazas contra periodistas ocurridos en los últimos meses.
6. IMPULSAR medidas legislativas que fortalezcan el marco constitucional en materia de derechos humanos, garanticen el libre ejercicio de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humano, que aseguren y amplíen el uso de los medios de comunicación para fines sociales, culturales y oficiales, así como mecanismos para hacer efectivas las condiciones salariales, de salud, de seguridad y de asociación para la defensa de los intereses de quienes trabajan en la comunicación y por la vigencia de los derechos humanos.
7. DEMANDAR la apertura de señales televisivas y frecuencias radiales para ofrecer acceso a actores y sectores sociales que históricamente han sido excluidos del uso de los medios de comunicación. Dicha apertura debe sujetarse a criterios y reglas de igualdad de acceso, asistencia técnica, transparencia y participación ciudadana en los procesos de otorgamiento de concesiones.
8. REVISAR Y COMPLETAR el marco jurídico de actuación de la Fiscalía Especial para atención a periodistas en relación con sus atribuciones, recursos, rendición de cuentas y capacidades. En este tenor, es necesario impulsar la creación de una Fiscalía Especializada para investigación de casos de ataques a defensoras y defensores que resulten pertinentes en concordancia con las recientes recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
9. ARTICULAR esfuerzos de la sociedad civil organizada, de la academia, abogadas y abogados y organizaciones sociales y gremiales, para crear y potenciar redes de apoyo, de promoción, información, reacción inmediata y seguimiento jurídico ante hechos que atenten contra el trabajo de las defensoras, defensores y periodistas.
10. ACTIVAR Y POTENCIAR el mandato, autonomía y recursos con que cuentan los organismos públicos de derechos humanos del país, para promover la labor de las defensoras, defensores y periodistas, así como brindarles medios de protección efectivos y oportunos en los casos en que son agredidos y hostilizados a causa de su trabajo.
11. ESTIMULAR el desarrollo de estudios e investigaciones en materia de derechos humanos y específicamente libertad de expresión, así como la producción y difusión de publicaciones sobre el tema.
12. PROMOVER la reflexión y sobre la ética y los límites legítimos de la libertad de expresión con el fin de fomentar la creación de mecanismos autorregulatorios en materia informativa que permitan elevar la calidad de los contenidos mediáticos.
* Declaración emanada del seminario internacional El derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión, llevado a cabo el 30 y 31 de mayo de 2007 en la ciudad de México.
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