LA OEA Y SU PAPEL EN LA VIDA DEMOCRATICA DE LAS AMERICAS
La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación mutua en torno a los valores de la democracia, defender los intereses comunes y debatir los grandes temas de la región y el mundo. Es el principal foro multilateral de la región para el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra problemas compartidos como la pobreza, el terrorismo, las drogas y la corrupción. Juega un papel central en el cumplimiento de los mandatos establecidos para la región a través del proceso de Cumbres de las Américas.Con cuatro idiomas oficiales —español, francés, inglés y portugués—, la OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el hemisferio. La Organización está compuesta por 35 Estados miembros: las naciones independientes de Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. La participación del gobierno de Cuba, un Estado miembro, ha estado suspendida desde 1962, por lo que participan activamente solo 34 países. Naciones de otras regiones del mundo participan en calidad de Observadores Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio.Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que convoca a los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas a un período ordinario de sesiones que se celebra todos los años. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los países miembros, se reúne periódicamente en la sede la OEA en Washington para ofrecer lineamientos sobre políticas y acciones vigentes. La Secretaría General de la OEA pone en práctica los programas y políticas establecidas por los organismos políticos. El Secretario General y el Secretario General Adjunto son elegidos por los Estados miembros y cumplen un mandato de cinco años. El Secretario General José Miguel Insulza, quien asumió su cargo el 26 de mayo de 2005, realizó una reestructuración de la Secretaría General para que se puedan atender de manera más eficaz las prioridades de los países miembros. Bajo esta estructura, cuatro Subsecretarías especializadas coordinan los esfuerzos de la OEA en las siguientes áreas:• Subsecretaría de Asuntos Políticos – Dirige los esfuerzos de la OEA para promover la democracia, fortalecer la gobernabilidad y prevenir las crisis políticas.• Subsecretaría de Seguridad Multidimensional – Coordina las acciones de la OEA en la lucha contra el terrorismo, las drogas ilícitas y otras amenazas a la seguridad pública.• Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral – Incluye áreas que promueven el desarrollo social, desarrollo sostenible, comercio y turismo, así como educación, cultura, ciencia y tecnología. Maneja, además, el seguimiento a las reuniones ministeriales sobre numerosos temas.• Subsecretaría de Administración y Finanzas – Provee servicios de apoyo a la Secretaría General, en materia de recursos humanos, información y tecnología, asuntos presupuestarios y otros.• Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales – Promueve la cooperación jurídica entre los países miembros, ofreciendo apoyo en la elaboración e implementación de tratados internacionales.Otros departamentos, oficinas y agencias, como los organismos interamericanos para la protección de los derechos humanos y el Departamento de Cumbres de las Américas, están bajo la administración directa del Secretario General. El Secretario General Adjunto tiene bajo su cargo la supervisión de áreas administrativas y unidades especializadas, entre ellas las secretarías de la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, la Comisión Interamericana de Puertos y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones.
La OEA y el compromiso democrático
Se tienen dos niveles de apoyo
La democracia es la piedra angular de la OEA: condición necesaria para la participación de los países y base para todas sus actividades. La Carta Democrática Interamericana declara de manera simple y directa: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.Este histórico documento, adoptado el 11 de septiembre de 2001, define los elementos esenciales de la democracia, indica cómo se puede y se debe promoverla, y establece mecanismos para defenderla ante cualquier amenaza. La Carta Democrática otorga a los gobiernos del hemisferio un marco de acción colectiva para enfrentar los peligros que acechan a la democracia.El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, destacó la importancia de este instrumento en un discurso que ofreció en noviembre de 2005, en la Cuarta Cumbre de las Américas: “La Carta Democrática Interamericana contiene todos nuestros compromisos para forjar una comunidad de naciones libres, cuyos gobiernos no sólo se generan democráticamente, sino también gobiernan con pleno apego al estado de derecho, garantizando siempre los derechos humanos de todos sus ciudadanos. La Carta no es sólo un acuerdo de gobiernos; es también una victoria de nuestros pueblos y como tal debemos respetarla de manera irrestricta”.Dentro de la estructura nueva de la Secretaría General de la OEA, la Subsecretaría Subsecretaría de Asuntos Políticos maneja el tema de la defensa, fortalecimiento y profundización de la democracia en el hemisferio. Tiene tres áreas de énfasis:• La promoción de la democracia, a través de actividades como la observación de elecciones, el fomento de buenas prácticas de financiamiento de la política, y el apoyo a la reforma de partidos políticos y la modernización legislativa. • La promoción de la gobernabilidad, por medio del impulso de valores democráticos en la sociedad, el fortalecimiento de la descentralización y la modernización estatal, y el mejoramiento de la transparencia y la participación de la sociedad civil.• La prevención de crisis, mediante la identificación temprana de problemas, la toma de acciones para bajar las tensiones, y el apoyo a los Estados miembros en la resolución de disputas bilaterales.En defensa de la democraciaDurante los últimos años, la OEA ha sido llamada a responder ante numerosas crisis políticas en la región, y en muchos casos –a petición de los Estados– ha enviado misiones especiales para apoyar el proceso democrático. Un país en que la OEA ha sido particularmente activa desde el 2005, es Nicaragua. En junio de 2005, en respuesta a las preocupaciones presentadas por el gobierno del Presidente Enrique Bolaños, la Asamblea General de la OEA expresó su preocupación por la evolución de los acontecimientos que comprometían la separación e independencia de los poderes públicos en ese país. La Asamblea General, refiriéndose a la Carta Democrática Interamericana y a la Carta de la OEA, instó a la OEA a enviar una misión que contribuya a un diálogo nacional amplio. Unos días después, el Secretario General encabezó una misión de alto nivel que viajó a Nicaragua para apoyar los esfuerzos en pos de soluciones democráticas. Posteriormente, Insulza nombró al ex Canciller de Argentina Dante Caputo, actual Subsecretario de la OEA para Asunto Políticos, como enviado especial para facilitar el diálogo nacional en Nicaragua. A mediados de octubre, el gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo destinado a impulsar dicho diálogo y promover la estabilidad. El siguiente mes, en el marco de la Cumbre de las Américas, los mandatarios del hemisferio reconocieron el papel de la OEA y del Secretario General en garantizar el pleno respeto al régimen democrático en Nicaragua, e instaron a la OEA a continuar dando su respaldo.En marzo del 2006, la OEA observó las elecciones regionales en la Costa Atlántica de aquel país y también presenciará las elecciones generales en noviembre. La Misión Especial de Acompañamiento al Proceso Democrático y Electoral de la República de Nicaragua siguió de cerca la situación política y observó el desarrollo del proceso electoral hasta que se realizaran las elecciones nacionales en noviembre. Durante una sesión del Consejo Permanente en abril, el Jefe de Misión, Gustavo Fernández Saavedra, reiteró la importancia de que la misión mantenga una clara independencia, sin parcializarse ni dejar la impresión de alinearse con ninguno de los actores. “No es competencia de la Organización de los Estados Americanos determinar cómo superar posibles dificultades institucionales dentro de un país, pero sí anotar su preocupación permanente por lograr que todos los conflictos se resuelvan dentro del Estado de Derecho y que cada una de las instituciones esté en condiciones de cumplir su función”, dijo. En el año 2005, bajo instrucciones de los cuerpos políticos de la OEA y en concordancia con la Carta Democrática, la Secretaría General envió misiones especiales a Bolivia y Ecuador, para asistir a los sectores en pugna y ayudar a la superación de las dificultades por las que atravesaban dichos países. Tras la crisis institucional en el Ecuador, la OEA ofreció su apoyo en el proceso de establecer una Corte Suprema de Justicia independiente e imparcial. Insulza designó a dos distinguidos juristas —Sonia Picado, de Costa Rica, y José Antonio Viera Gallo, de Chile— como sus representantes especiales para la veeduría del proceso de selección. Los miembros de la nueva Corte Suprema fueron juramentados en noviembre del 2005. La OEA también tuvo un papel en Bolivia, después de la renuncia del Presidente Carlos Mesa, en junio de 2005. Insulza nombró al Embajador Horacio Serpa de Colombia como su representante especial para facilitar el diálogo político y para encabezar una misión que observaría el proceso electoral. El 18 de diciembre de 2005, el Presidente Evo Morales fue elegido por una mayoría abrumadora, mediante un proceso considerado libre y justo.En situaciones especiales, la OEA desempeña un rol de largo plazo en apoyo a la resolución de asuntos bilaterales, siempre y cuando los dos, o mas, países en litigio, soliciten su participación. En septiembre del 2005, Belice y Guatemalafirmaron en la OEA un acuerdo marco de negociación y medidas de fomento de confianza, con el fin de mantener buenas relaciones bilaterales mientras que busquen una resolución definitiva de su diferendo territorial. La OEA apoya este proceso por medio de su Fondo de Paz. En abril del 2006, se concluyó de manera exitosa otro esfuerzo apoyado por la OEA, cuando El Salvador y Honduras suscribieron un acuerdo de demarcación, resolviendo el tema de su frontera común.
Apoyo al proceso Electoral
ciudadanos de más de una docena de países del hemisferio acudieron a las urnas para elegir un presidente o primer ministro, dando a la vez un voto de confianza a la democracia misma.“En nuestros países, los ciudadanos acudieron a las urnas, con masivos índices de votación, para elegir democráticamente a sus líderes”, señaló el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza . “La región aún enfrenta enormes desafíos, especialmente porque el subdesarrollo y la pobreza extrema continúan frustrando los sueños y las aspiraciones de la gente. Pero una señal muy positiva es que la gente está participando en el proceso democrático y considera que la democracia es el único camino viable”, añadió.En muchas de las elecciones que se realizan en la región, la OEA tiene el papel de observador internacional, trabajando con los países miembros para fortalecer el proceso democrático y promover la imparcialidad y transparencia. La primera Misión de Observación Electoral de la OEA fue en 1962, y a partir de entonces se ha continuado esa práctica a pedido de los países que celebran procesos electorales. En 1990 la OEA incrementó su apoyo a los Estados miembros para fortalecer sus instituciones y procedimientos democráticos. Desde entonces, la OEA ha observado cerca de 100 elecciones en América del Sur, Centroamérica y el Caribe.Recientes observacionesEn Santa Lucía, donde los votantes acudieron a las urnas el 11 de diciembre, el ex Secretario General Adjunto de la OEA Christopher R. Thomas, de Trinidad y Tobago, encabezó el equipo de doce observadores. El ex Primer Ministro Sir John Compton, del partido United Workers, resultó victorioso en un proceso que la OEA describió como “pacífico y sin incidentes”. El Secretario General Insulza destacó la sólida tradición de instituciones democráticas en los países del Caribe como “una de las fortalezas del hemisferio”.Ciudadanos venezolanos, por su parte, votaron el 3 de diciembre y reeligieron al Presidente Hugo Chávez por otro período de seis años. El mandatario venezolano obtuvo más de 62 por ciento de los votos en un proceso en que la participación alcanzó el 75 por ciento. El día posterior a las elecciones, la Misión de Observación Electoral de la OEA —liderada por el Embajador Juan Enrique Fischer, ex Representante Permanente del Uruguay ante la OEA— señaló que las elecciones se habían desarrollado de manera pacífica. Fischer destacó el alto nivel de participación y elogió al contrincante de Chávez, Manuel Rosales, que admitió la derrota, “por su comportamiento cívico y su determinación de fortalecer la institucionalidad democrática” de Venezuela. La misión observadora, que desplegó 80 observadores en todo el país, consignó algunos problemas —entre ellos, quejas relacionadas con las máquinas captahuellas, que causaron demoras en algunos casos— pero dijo que estas dificultades no constituyeron una situación generalizada que pudiera objetar el proceso. En el Ecuador, los votantes concurrieron a las urnas el 6 de octubre de 2006, pero ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría necesaria para obtener la presidencia. El 26 de noviembre, se celebró la segunda vuelta y Rafael Correa resultó victorioso con el 57 por ciento de los votos. La OEA desplegó unos 80 observadores internacionales en todo el país, que observaron una atmósfera general de orden y calma. En un informe preliminar, la misión de la OEA señaló dificultades aisladas que, si bien no afectaron los resultados generales, plantearon “aspectos que deberán abordarse en aras de una mayor eficacia en futuros procesos electorales”. Citando problemas específicos relacionados con actividades proselitistas observadas el día de los comicios, instó a los funcionarios electorales y a los partidos políticos a trabajar juntos para establecer lineamientos claros en este sentido.El más prolongado esfuerzo de observación electoral de la OEA en 2006 fue en Nicaragua, bajo el liderazgo del ex Canciller boliviano Gustavo Fernández. En respuesta a inquietudes presentadas por el gobierno nicaragüense respecto de la fragilidad de las instituciones democráticas de su país, en el mes de febrero de 2006 la OEA designó a Fernández para encabezar una Misión Especial de Acompañamiento al Proceso Democrático y Electoral de Nicaragua. Después de observar las elecciones regionales celebradas el 5 de marzo de 2006 en la región de la Costa Atlántica, un grupo de la OEA permaneció en Nicaragua para seguir de cerca los acontecimientos políticos que precedieron a la contienda presidencial del 5 de noviembre.En los días anteriores a estos comicios, la OEA desplegó un equipo de más de 180 observadores internacionales en todo el país. La participación popular fue masiva, y los comicios se desarrollaron pacíficamente, de manera ordenada y de acuerdo con la ley, dijo la OEA. Daniel Ortega, que fue Presidente del país entre 1985 y 1990, fue elegido con el 38 por ciento de los votos, aproximadamente nueve puntos porcentuales por encima de su contrincante más cercano, Eduardo Montealegre. En un informe presentado al Consejo Permanente de la OEA, el Jefe de la Misión señaló que Nicaragua había dado importantes pasos hacia su desarrollo democrático, que sus elecciones habían sido “crecientemente limpias y competitivas”, y que los civiles recurrían a las urnas para resolver sus diferencias. Advirtió que la evaluación de todo sistema electoral debe tomar en cuenta el contexto histórico de cada país. Fernández dijo que el informe final recomendaría un número de reformas jurídicas e institucionales relacionadas con la autoridad electoral de Nicaragua y sus leyes, regulaciones y procedimientos electorales.Durante 2006, la OEA además observó los comicios presidenciales en Colombia, Costa Rica, Guyana y Perú; las elecciones legislativas o municipales en El Salvador, Perú y República Dominicana; y el referendo sobre la propuesta de expansión del Canal de Panamá, celebrado en ese país el 22 de octubre.La OEA tuvo un papel diferente en el caso de Haití, donde los ciudadanos eligieron al Presidente René Préval el 7 de febrero de 2006. En ese país, la OEA colaboró con las Naciones Unidas para apoyar a las autoridades nacionales en el registro de más de 3,5 millones de haitianos, equivalente a 80 por ciento del universo de votantes. La base de datos electrónica creada con el aporte de los técnicos de la OEA, servirá como punto de partida para un registro civil permanente. El rol de los observadoresLa Carta Democrática Interamericana establece que los Estados miembros son los responsables de llevar a cabo procesos electorales libres y justos, y que pueden solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales. La OEA debe asegurar la eficacia e independencia de sus misiones de observación electoral y proveer los recursos necesarios para ese fin. La Carta Democrática afirma que las misiones "se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada".Los objetivos específicos de cada Misión de Observación Electoral varían según las circunstancias de cada país. Algunas misiones están compuestas por expertos técnicos que permanecen en el país por un tiempo limitado durante los comicios; otras reúnen un gran equipo que se distribuye en todo el territorio y observa el proceso electoral completo. En los días o semanas anteriores a los comicios, los observadores se reúnen con líderes de los partidos políticos, candidatos, funcionarios gubernamentales y ciudadanos para evaluar la totalidad del proceso. Observan los comicios y siguen el recuento y escrutinio de votos hasta el resultado final. Al observar un proceso electoral antes, durante y después del día de las elecciones -incluyendo aspectos como la administración de los comicios, las campañas políticas y la libertad de expresión- las misiones de observación colaboran con el fortalecimiento de los sistemas democráticos.MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL (por país, desde 1990)Argentina: 2003 (elecciones presidenciales) Belice: 1997 (observación de la etapa de empadronamiento) Bolivia: 2005 (elecciones generales); 2004 (municipales); 2004 (referendo sobre política energética); 2002 (elecciones presidenciales); 1997 (presidenciales y legislativas) Colombia: 2006 (elecciones presidenciales, legislativas); 2002 (presidenciales); 1997 (locales y legislativas); 1994 (presidenciales, segunda vuelta) Costa Rica: 2006 (elecciones generales); 2002 (generales); 1990 (generales) Ecuador: 2006 (elecciones generales); 2004 (generales y municipales); 2002 (presidenciales); 1998 (generales, segunda vuelta); 1996 (generales y segunda vuelta de presidenciales) El Salvador: 2006 (elecciones legislativas y municipales); 2004 (presidenciales); 1997 (legislativas y municipales); 1991 (municipales) Grenada: 2003 (elecciones generales); 1999 (generales) Guatemala: 2003 (elecciones presidenciales, primera y segunda vuelta); 1999 (referendo y elecciones generales, primera y segunda vuelta); 1995 (generales y segunda vuelta de presidenciales el 07/01/96) Guyana: 2006 (elecciones nacionales y regionales); 2001 (generales); 1997 (nacionales y regionales) Haití: 2000 (elecciones parlamentarias, municipales y locales); 1997 (legislativas y municipales); 1996 (parlamentarias y municipales); 1995 (presidenciales, legislativas y municipales); 1991 (presidenciales) Honduras: 2005 (elecciones generales y primarias de partidos políticos); 2001 (elecciones presidenciales); 1997 (generales); 1993 (generales, presidenciales y legislativas); 1989 (generales) Nicaragua: 2006 (elecciones presidenciales; regionales, Costa Atlántica); 2004 (municipales); 2002 (Costa Atlántica); 2001 (presidenciales); 2000 (municipales); 1998 (Costa Atlántica); 1996 (generales); 1994 (Costa Atlántica); 1990 (presidenciales, legislativas y municipales) Panamá: 2006 (referéndum); 2004 (elecciones presidenciales); 1999 (generales); 1998 (referendo); 1994 (presidenciales) Paraguay: 2003 (elecciones presidenciales); 2000 (vicepresidenciales); 1998 (generales); 1993 (presidenciales); 1992 (misión de observación preelectoral); 1991 (municipales y Convención Constituyente) Perú: 2006 (elecciones presidenciales; regionales y municipales); 2002 (regionales y municipales); 2001 (presidenciales, primera y segunda vuelta); 2000 (presidenciales); 1998 (municipales); 1995 (generales); 1993 (municipales y referendo constitucional); 1992 (Congreso Constituyente) República Dominicana: 2006 (elecciones legislativas y municipales); 2004 (presidenciales); 2002 (legislativas); 2000 (presidenciales); 1998 (legislativas y municipales); 1996 (nacionales, segunda vuelta); 1994 (nacionales, provinciales y municipales); 1990 (generales) Santa Lucía: 2006 (elecciones generales)San Vicente y las Granadinas: 2005 (elecciones generales); 2001 (parlamentarias) Suriname: 2005 (elecciones generales); 2000 (generales); 1996 (generales); 1991 (generales) Venezuela: 2006 (elecciones presidenciales); 2005 (legislativas); 2004 (referendo revocatorio presidencial); 2000 (elecciones generales); 1999 (Asamblea Constituyente, referendo general y constitucional); 1998 (legislativas y presidenciales); 1993 (presidenciales, legislativas y estatales); 1992 (municipales y de gobernaturas)
LA CIDH Y LOS DERECHOS HUMANOS
El sistema interamericano de derechos humanos provee un recurso a los habitantes de las Américas que han sufrido la violación de sus derechos por parte del Estado. Los pilares del sistema son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica. Estas instituciones aplican el derecho regional sobre derechos humanos.Si bien han habido avances positivos en numerosos Estados miembros, la región sigue enfrentando importantes desafíos, según la Comisión Interamericana, que sigue de cerca la situación de los derechos humanos en los países miembros de la OEA. Al concluir su más reciente sesión, celebrada en octubre de 2006, la Comisión subrayó la relación entre la seguridad ciudadana y los derechos humanos en el continente. “En efecto, los habitantes de la región siguen enfrentando amenazas a su seguridad derivadas del terrorismo, las drogas, el tráfico de personas, la violencia de pandillas y los delitos comunes. Al responder a estas amenazas, los Estados deben implementar políticas públicas acordes con su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos”, afirmó la Comisión.Las fallas y deficiencias en el respeto a los derechos humanos tienen una incidencia especialmente negativa sobre los integrantes de los sectores más vulnerables de la región, según la Comisión. “La falta de vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales agrava este preocupante cuadro en que persisten altos índices de desnutrición, un limitado e insuficiente acceso a la salud y la educación, y niveles de vida inadecuados”, declaró. Entre otros problemas que ha destacado la Comisión, notablemente en su Informe Anual de 2005, se incluye la debilidad del estado de derecho en algunos países de la región, así como la fragilidad del poder judicial y la persistente impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos.La Comisión y la Corte El sistema interamericano se basa en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención, que entró en vigencia en 1978, creó la Corte y estableció el sistema moderno de dos órganos de protección. Una de las funciones más importantes de la Comisión es el examen de peticiones individuales que alegan violaciones de un derecho protegido por parte del Estado. La Comisión invita al peticionario y al Estado para explorar una “solución amistosa”. Si tal resultado no es posible, la Comisión puede recomendar al Estado medidas específicas para remediar la violación. Si un Estado no sigue las recomendaciones, la Comisión tiene la opción de hacer público su informe o llevar el caso a la Corte Interamericana, siempre y cuando el Estado en cuestión haya aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte.En el año 2001, se reformaron las normas de procedimiento de la Comisión y de la Corte para permitir a las víctimas y sus representantes una mayor participación en el proceso y facilitar la presentación de casos ante la Corte. En 2006, la Corte realizó siete sesiones – la última desde el 20 de noviembre hasta el 1º de diciembre – y emitió sentencias en 23 casos. Además de celebrar cuatro sesiones ordinarias en su sede en Costa Rica, la Corte convocó tres sesiones extraordinarias, en Brasil, Argentina y El Salvador.La Comisión, por su parte, sesiona por un total de seis semanas al año. En 2007 tuvo previsto realizar tres períodos de sesiones, de dos semanas de duración, para considerar casos y peticiones individuales y para recibir información sobre la situación de los derechos humanos en las Américas. La sesión ordinaria tuvo lugar en su sede en Washington desde el 26 de febrero hasta el 9 de marzo. En 2005, además de reunirse en la sede, la Comisión celebró un período extraordinario de sesiones en Guatemala, donde realizó una serie de audiencias públicas sobre temas de importancia para ese país y sus vecinos. Entre otros temas, se examinó el derecho colectivo de propiedad de los pueblos indígenas en Centroamérica; tratados de libre comercio y derechos humanos; y la situación de los derechos sindicales en El Salvador y de las mujeres privadas de libertad en Honduras. La Corte y la Comisión tienen también otras obligaciones. Además de conocer los casos presentados, la Corte ejerce funciones consultivas al interpretar la Convención Americana y otros tratados sobre derechos humanos vigentes en el hemisferio. La Comisión, por su parte, puede realizar visitas a diferentes países, por invitación de los gobiernos, para analizar e informar sobre el estado de los derechos humanos. Tras una visita que realizó a Bolivia en noviembre de 2006, para citar un ejemplo, la Comisión observó que se iniciaba en el país “un importante proceso de democratización y de inclusión social”, pero advirtió que este proceso pudiera verse seriamente afectado por la inestabilidad política en el país.La Comisión también analiza periódicamente problemas de derechos humanos relacionados con temas particulares y ha nombrado relatores especializados en los mismos. En 2005 se creó una relatoría sobre los derechos de personas afrodescendientes y contra la discriminación racial. Otros relatores analizan e informan sobre los derechos de la niñez, la mujer, los pueblos indígenas, los trabajadores migratorios, personas privadas de libertad, personas desplazadas y sobre la libertad de expresión. La Comisión también cuenta con una unidad especial para defensoras y defensores de derechos humanos.Tanto la Corte como la Comisión han enfrentado serios retos financieros en los últimos años, ya que el incremento considerable en el número de casos no ha sido acompañado por aumentos de presupuesto. El Secretario General José Miguel Insulza ha instado a los países miembros para que incrementen el financiamiento del sistema de derechos humanos.Situación de los países Según la Carta de la OEA, todos los países miembros están sujetos a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Además, una mayoría de los Estados miembros han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Los siguientes países son parte de la Convención Americana: Argentina, Barbados,Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela. Los países que han aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.
En defensa de los derechos de la mujer
La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) es el principal foro generador de políticas hemisféricas sobre la igualdad y equidad de género, y promueve la integración de la perspectiva de género en todo el ámbito de la OEA.Desde su creación en 1928, la CIM ha trabajado en el fortalecimiento de los derechos humanos de la mujer. Una de sus iniciativas principales culminó con la adopción, por la Asamblea General de la OEA en 1994, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Este tratado internacional, conocido como la Convención de Belém do Pará, es único en el mundo sobre el tema y a la fecha ha sido ratificado por 32 países miembros. La Convención de Belém do Pará produjo un impacto decisivo en la legislación y políticas en muchos países, y ha contribuido a un mayor entendimiento de que la violencia contra la mujer es una violación de sus derechos humanos. Sin embargo, los objetivos del tratado no han sido plenamente alcanzados aún y no se ha logrado su plena implementación. Esta fue la conclusión de un estudio y de reuniones subregionales sobre el tema. Ante esta situación, los Estados parte se propusieron desarrollar un mecanismo para evaluar, de manera sistemática, su implementación en cada país.En octubre de 2004, la Conferencia de Estados Parte de la Convención, convocada por el Secretario General de la OEA en coordinación con la CIM, adoptó el Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará. La Secretaría General de la OEA, a través de la CIM, es su secretaría técnica. El Comité de Expertas/os del mecanismo de seguimiento se reunió por primera vez en agosto de 2005 para comenzar a evaluar el cumplimiento de los países con el tratado y el progreso que han hecho en la prevención y sanción de la violencia contra la mujer. Actualmente, expertas y expertos están en proceso de analizar informes nacionales remitidos por los Estados, para posteriormente preparar un informe hemisférico sobre la puesta en práctica de los compromisos emanados del tratado por parte de los países.También en el área de derechos humanos, hace varios años la CIM inició en la OEA el tratamiento sistemático del tema de la trata de personas, especialmente mujeres, adolescentes, niños y niñas. Luego de la reciente reestructuración de la OEA, la Sección contra la Trata de Personas pasó a formar parte del Departamento para la Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública. La CIM continuará colaborando estrechamente con esa área para asegurar que la perspectiva de género siga presente en el tema de trata de personas. Igualmente importante es el aporte de la CIM en el seguimiento del ProgramaInteramericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, cuyo propósito es integrar la perspectiva de género en las políticas, programas y proyectos de los países del hemisferio. Este programa fue aprobado en la primera Reunión de Ministras o Autoridades al Más Alto Nivel Responsables de las Políticas de las Mujeres en los Estados Miembros (REMIM), celebrada en abril de 2000 en la OEA. Fue adoptado formalmente por la Asamblea General de la OEA ese mismo año y respaldado por los líderes del hemisferio en la Tercera Cumbre de las Américas. Los mandatarios de la región se comprometieron a promover la igualdad de género y a integrar "la perspectiva de género" en los ámbitos nacional e internacional, "para garantizar que las experiencias de las mujeres y la igualdad de género sean una dimensión integral del diseño, instrumentación y evaluación de las políticas y programas gubernamentales e interamericanos en todos los campos".La segunda reunión ministerial sobre la promoción de la mujer (REMIM II), celebrada en abril de 2004, insistió en intensificar los esfuerzos por transversalizar el género en todos los aspectos de la agenda hemisférica, desde los derechos humanos hasta las políticas comerciales. Se adoptaron recomendaciones con el fin de integrar la perspectiva de género en los sistemas judiciales, para que éstos tengan mayor sensibilidad ante problemas como la violencia doméstica y la trata de personas. La CIM presentó estas propuestas ante la Quinta Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales, que incluyó las propuestas en su Plan de Acción. La CIM también ha formulado este tipo de recomendaciones a ministros de Trabajo, Educación y Ciencia y Tecnología. Posteriormente, la CIM realizó reuniones de seguimiento con expertos gubernamentales y de la sociedad civil para redactar estrategias y lineamientos de acción que ayuden a la implementación de sus recomendaciones.La idea es concentrarse no solamente en la mujer, sino evaluar políticas y programas con el entendimiento de que éstos pueden tener diferente impacto sobre hombres y mujeres, y que con frecuencia, las mujeres son víctimas de discriminación. El reto es encontrar soluciones para que cualquier proyecto –sea el diseño de un plan escolar, la planificación de una campaña de la salud o una estrategia para atraer negocios a la comunidad– traiga el mismo beneficio a mujeres y hombres. Para asegurar que la perspectiva de género sea integrada en los programas y las políticas de la Organización, la CIM logró el desarrollo de un proyecto de capacitación para funcionarios de la Secretaría General de la OEA. La CIM apoya a las unidades y oficinas de la OEA como parte de esta iniciativa, que recibió apoyo financiero de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. La CIM también se ha ocupado de la inserción de la perspectiva de género en el área de la paz y la seguridad. En cooperación con la Subsecretaría de Asuntos Políticos de la OEA y un programa del Fondo Hunt Alternatives sobre la seguridad y la inclusión, la CIM está desarrollando una proyecto de capacitación sobre género, conflicto y paz. El primer taller, para la región andina, se realizó durante el mes de octubre de 2005, en Lima, Perú. Un segundo taller, para Centroamérica, se realizó en La Antigua, Guatemala en septiembre de 2006. Este proyecto recibe fondos de Hunt Alternatives y del gobierno de China. Finalmente la CIM fue designada asesora del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC) sobre temas de género, para asegurar que esta perspectiva estuviera integrada en los documentos de la Cuarta Cumbre de las Américas. Durante ese encuentro, que tuvo lugar en noviembre de 2005 en Mar del Plata, Argentina, los líderes de la región examinaron el tema de "Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática". La Declaración de Mar del Plata afirma el compromiso de los países de combatir la discriminación de género en el trabajo, "promoviendo la igualdad de oportunidades con el fin de eliminar las disparidades existentes entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, a través de un enfoque integrado que incorpore la perspectiva de género en las políticas de empleo, incluyendo la promoción de más oportunidades para que las mujeres sean dueñas de su propia empresa".En noviembre de 2006 la CIM celebrará su XXXIII Asamblea de Delegadas en El Salvador, en la que adoptará el programa bienal de trabajo 2006-2008 y elegirá su cuerpo directivo para ese bienio.
Derechos de los pueblos indígenas
Durante los últimos años, los Estados miembros de la OEA y los pueblos indígenas del continente han estado trabajando en pos de una declaración amplia para promover y proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Este proceso ha sido impulsado desde el más alto nivel, tal como se refleja en la Declaración de Mar del Plata, adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cuarta Cumbre de las Américas, realizada en noviembre del 2005, que incluye un exhorto para que se aceleren los debates que buscan dar forma a un documento angular sobre los derechos de los pueblos originarios del continente."Reafirmamos nuestro compromiso de respetar los derechos de los pueblos indígenas y nos comprometemos a concluir exitosamente las negociaciones de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El ejercicio pleno de estos derechos es indispensable para la existencia, el bienestar y el desarrollo integral de los pueblos indígenas y para su plena participación en las realidades nacionales, por lo que debemos crear las condiciones necesarias para facilitar su acceso al trabajo decente y a condiciones de vida que permitan superar la pobreza, la exclusión y la desigualdad social".El proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas abarca una amplia gama de temas que inciden en la vida cotidiana de los pueblos autóctonos del hemisferio: la familia, la espiritualidad, el trabajo, la cultura, la salud, el medio ambiente y los sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación, entre otros. Mediante un proceso participativo y transparente, se están negociando más de treinta artículos, con el fin de consolidar y afirmar los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas, reconociendo “el carácter multiétnico y pluricultural” de los Estados. Las negociaciones del texto están a cargo de un Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA, con la activa participación de representantes indígenas de toda la región. “No cabe duda que los pueblos indígenas han estado excluidos durante demasiado tiempo de la vida política y económica de muchas de nuestras sociedades”, dijo el Secretario General Adjunto de la OEA, Embajador Albert Ramdin, al inaugurar la reunión de negociaciones que tuvo lugar en Brasilia, Brasil en marzo del 2006. Ramdin añadió que la injusticia histórica está comenzando a cambiar en la región a medida que los grupos marginados entran en el proceso político, “logrando que se escuchen sus opiniones y exigiendo el cambio”.La mayoría de los países del hemisferio están compuestos de un “mosaico” de pueblos y sociedades, subrayó el Embajador Juan León, Representante Alterno de Guatemala ante la OEA, Presidente del Grupo de Trabajo que maneja las negociaciones y miembro de la comunidad indígena Pueblo Maya K’iche. La esperanza es que la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no sólo permita el pleno respeto por los derechos de esta parte importante de la sociedad, sino que también contribuya al ejercicio de la democracia, a la gobernabilidad, la estabilidad, la equidad social y económica y la construcción de Estados más justos, dijo León. Sin el reconocimiento de estos derechos, advirtió, “la democracia seguiría siendo incompleta”.En la reunión de Brasilia, se logró un avance importante con la aprobación por unanimidad de un artículo reconociendo los derechos de las mujeres indígenas del hemisferio. Se reconoció que la violencia y la discriminación contra las personas y los pueblos indígenas, particularmente las mujeres, niñas y niños, “impiden o anulan el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Las delegaciones afirmaron la necesidad de que los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, adopten medidas necesarias para prevenir y erradicar toda forma de violencia.Tanto la reunión en Brasilia como otra que tuvo lugar en octubre del 2005 en Antigua, Guatemala, se realizaron en el marco de las Negociaciones para la Búsqueda de Consensos del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Asamblea General de la OEA, en su sesión en Santo Domingo celebrada en junio 2006, estableció las bases para que en el período de julio de 2006 a abril de 2007, se celebren hasta tres reuniones de negociación, una de ellas en Washington. Por su parte Bolivia ofreció ser sede de una reunión de negociaciones en marzo del 2007.AntecedentesEl Grupo de Trabajo sobre este tema fue creado por el Consejo Permanente en 1999 por instrucciones de la Asamblea General. Originalmente basó sus trabajos en un proyecto de Declaración presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) de la OEA. Este documento se revisó al detalle entre 1999 y 2003, particularmente a nivel de sesiones especiales, reuniones de expertos y reuniones técnicas. Mediante este proceso se recibió de los gobiernos, de los representantes de los pueblos indígenas, de organismos especializados y otras entidades, un gran volumen de aportes, comentarios y propuestas, todo lo cual sirvió para preparar un nuevo documento base para las negociaciones, hoy conocido como el Texto Consolidado de la Presidencia. Con base en dicho documento, desde noviembre de 2003, se está realizando en el marco de la OEA la denominada etapa final de negociaciones. Un aspecto fundamental del proceso es asegurar la amplia participación de representantes de pueblos indígenas en las negociaciones y promover la transparencia en todo el proceso. Con el fin de abrir la participación a representantes indígenas de todos los países, se ha establecido un Fondo Específico con contribuciones voluntarias de Estados miembros y observadores permanentes de la OEA, para cubrir los gastos que esto ocasiona. Además de las negociaciones del Grupo de Trabajo, los gobiernos de los Estados miembros continúan realizando consultas nacionales con los respectivos pueblos indígenas. Se ha fomentado el intercambio de información con otros países sobre dichas consultas y se han emprendido otras actividades en el marco de las Cumbres de las Américas. Se continúa invitando a los países a que cooperen con el financiamiento del Fondo Específico que cubre actividades del proceso de negociación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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